La iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto en materia de telecomunicaciones ha vuelto a polarizar, sacudir y atemorizar al país. Aunque para algunos es un tema escabroso y confuso, un sector de la población decidió manifestar su inconformidad en las calles; si bien es cierto que estas movilizaciones han provocado que el tema se analice mejor, también han dejado al descubierto (una vez más) que la represión y la censura han asfixiado toda posibilidad de protesta social.
Noé Alí Sánchez Navarro /
@noesanz
En
México se han incrementado considerablemente las violaciones a la libertad de
expresión, parece ya un tema recurrente que en cada manifestación por parte de
la sociedad, nos encontremos con enfrentamientos violentos, abusos por parte de
la autoridad y detenciones injustas y arbitrarias.
Ante
el contexto actual, decir que la sociedad no se encuentra confusa, dividida e
incluso polarizada, sería mentir. Cada una de las movilizaciones sociales de
las que hemos sido testigos en los últimos dos años, representan una serie de
desilusiones, miedos, inconformidades y un profundo hartazgo.
A
pesar de que en nuestra ley se establece que la manifestación de las ideas no
deberá ser objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa o que no se podrá coartar el derecho a asociarse o a reunirse
pacíficamente con cualquier objeto lícito, en las últimas protestas ciudadanas
ha quedado muy claro que, las manifestaciones incomodan de sobremanera a
quienes dirigen el rumbo del país.
La movilización más reciente se realizó hace algunos días, fue convocada
a través de las redes sociales y buscaba expresar particularmente, el rechazo a
la regulación de internet que se había establecido dentro de las leyes
secundarias de la reforma en telecomunicaciones.
A
pesar de que la manifestación se realizó de manera pacífica, un grupo de
personas fueron interceptadas y golpeadas por policías de la Ciudad de México,
lo que dejó como resultado heridos y detenidos, la mayoría de ellos jóvenes.
Más
allá de hacer un análisis sobre el contenido, las consecuencias, desventajas, o
supuestos beneficios que esta reforma traería, creo que es importante
detenernos en el hecho de que en México cada vez es más difícil manifestar el
rechazo o la inconformidad.
Esta
vez fueron pocos los afectados, pero si hacemos memoria, nos vamos a encontrar
con que en los últimos años este tipo de situaciones se han venido presentando
de manera constante, además de que se ha incrementado el uso de la fuerza
pública, lo que ha provocado enfrentamientos cada vez más violentos entre
sociedad y policías.
Desde
el primero de diciembre de 2012, durante la toma de posesión de Enrique Peña
Nieto como presidente de México, quedó claro que la postura que se tendría para
las manifestaciones sería responder con mano dura.
Luego,
pudimos ver en los enfrentamientos entre policías y maestros de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación, durante las manifestaciones contra la
reforma educativa, que el diálogo sería simulado y con muchos obstáculos.
Por
otro lado, se encuentran aquellas que se viven en el interior del país, mismas
que reclaman justicia, mejores salarios, empleos, apoyos, entre otras
exigencias; han dejado en claro que las formas no importan cuando se trata de
“preservar la paz y el orden público”.
Hace
algunos días, varias organizaciones defensoras y promotoras de los derechos
humanos, presentaron el informe “Control del Espacio Público", los
resultados de este estudio nos avientan a una desalentadora realidad: Existen
claros indicios de una política de criminalización y persecución ante la
protesta social.
Según
dicho informe, en los últimos años se han incrementado las violaciones al
derecho a la protesta, así como también se ha atentado contra la libertad de
expresión. Buscando por diversos medios criminalizar y reprimir la protesta
social.
Si
volteamos la mirada nos vamos a encontrar con movilizaciones y operativos
policiacos impresionantes y exagerados; con un manejo mediático que lejos de
informar, estigmatiza a quien protesta, y por supuesto, con un gobierno que
parece, le resulta muy complicado escuchar.
Estamos
frente a los síntomas de un mal patológico que parece haber regresado, es como
un cáncer que ha vuelto de golpe y sin previo aviso, el hecho de ver a policías
enfrentando a la sociedad como si fueran criminales, representa un doloroso
retroceso para el país.
Desgraciadamente
después de cada manifestación salen a la luz los abusos, las detenciones
arbitrarias, las violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la
fuerza por parte de la policía.
Además
de esto, el grave problema de la criminalización de la protesta social es que
esto ha generado que la sociedad también termine por criminalizar el hecho de
expresarse y levantar la voz.
Con
la complicidad de algunos medios de comunicación, las manifestaciones se están
convirtiendo, para el imaginario social, como asuntos de “revoltosos”,
“quejosos” e “inconformes”, para otros tantos y no menos grave, aquellos que
protestan son “violentos” y hasta “peligrosos”, es decir, etiquetas por todas
partes.
Criminalizar
la protesta social elimina toda posibilidad de consenso y de participación
ciudadana real, además de que proyecta la imagen de un gobierno temeroso a los
cuestionamientos e insensible a la inconformidad.
No podemos aspirar a ser un país con una
democracia fuerte y estable, si en él, se permite que las protestas se limiten,
impidan o violenten. La libertad de expresión es un pilar de la democracia, es
un ejercicio que posibilita de lo político a la ciudadanía.
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