viernes, 25 de abril de 2014

Batallas en las calles: La Criminalización de la protesta.

La iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto en materia de telecomunicaciones ha vuelto a polarizar, sacudir y atemorizar al país. Aunque para algunos es un tema escabroso y confuso, un sector de la población decidió manifestar su inconformidad en las calles; si bien es cierto que estas movilizaciones han provocado que el tema se analice mejor, también han dejado al descubierto (una vez más) que la represión y la censura han asfixiado toda posibilidad de protesta social.  

Noé Alí Sánchez Navarro / @noesanz

En México se han incrementado considerablemente las violaciones a la libertad de expresión, parece ya un tema recurrente que en cada manifestación por parte de la sociedad, nos encontremos con enfrentamientos violentos, abusos por parte de la autoridad y detenciones injustas y arbitrarias.

Ante el contexto actual, decir que la sociedad no se encuentra confusa, dividida e incluso polarizada, sería mentir. Cada una de las movilizaciones sociales de las que hemos sido testigos en los últimos dos años, representan una serie de desilusiones, miedos, inconformidades y un profundo hartazgo.

A pesar de que en nuestra ley se establece que la manifestación de las ideas no deberá ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa o que no se podrá coartar el derecho a asociarse o a reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, en las últimas protestas ciudadanas ha quedado muy claro que, las manifestaciones incomodan de sobremanera a quienes dirigen el rumbo del país.

La movilización más reciente se realizó hace algunos días, fue convocada a través de las redes sociales y buscaba expresar particularmente, el rechazo a la regulación de internet que se había establecido dentro de las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones.

A pesar de que la manifestación se realizó de manera pacífica, un grupo de personas fueron interceptadas y golpeadas por policías de la Ciudad de México, lo que dejó como resultado heridos y detenidos, la mayoría de ellos jóvenes.

Más allá de hacer un análisis sobre el contenido, las consecuencias, desventajas, o supuestos beneficios que esta reforma traería, creo que es importante detenernos en el hecho de que en México cada vez es más difícil manifestar el rechazo o la inconformidad.

Esta vez fueron pocos los afectados, pero si hacemos memoria, nos vamos a encontrar con que en los últimos años este tipo de situaciones se han venido presentando de manera constante, además de que se ha incrementado el uso de la fuerza pública, lo que ha provocado enfrentamientos cada vez más violentos entre sociedad y policías.

Desde el primero de diciembre de 2012, durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de México, quedó claro que la postura que se tendría para las manifestaciones sería responder con mano dura.

Luego, pudimos ver en los enfrentamientos entre policías y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, durante las manifestaciones contra la reforma educativa, que el diálogo sería simulado y con muchos obstáculos.

Por otro lado, se encuentran aquellas que se viven en el interior del país, mismas que reclaman justicia, mejores salarios, empleos, apoyos, entre otras exigencias; han dejado en claro que las formas no importan cuando se trata de “preservar la paz y el orden público”.

Hace algunos días, varias organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos, presentaron el informe “Control del Espacio Público", los resultados de este estudio nos avientan a una desalentadora realidad: Existen claros indicios de una política de criminalización y persecución ante la protesta social.

Según dicho informe, en los últimos años se han incrementado las violaciones al derecho a la protesta, así como también se ha atentado contra la libertad de expresión. Buscando por diversos medios criminalizar y reprimir la protesta social.

Si volteamos la mirada nos vamos a encontrar con movilizaciones y operativos policiacos impresionantes y exagerados; con un manejo mediático que lejos de informar, estigmatiza a quien protesta, y por supuesto, con un gobierno que parece, le resulta muy complicado escuchar. 

Estamos frente a los síntomas de un mal patológico que parece haber regresado, es como un cáncer que ha vuelto de golpe y sin previo aviso, el hecho de ver a policías enfrentando a la sociedad como si fueran criminales, representa un doloroso retroceso para el país.

Desgraciadamente después de cada manifestación salen a la luz los abusos, las detenciones arbitrarias, las violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. 

Además de esto, el grave problema de la criminalización de la protesta social es que esto ha generado que la sociedad también termine por criminalizar el hecho de expresarse y levantar la voz.

Con la complicidad de algunos medios de comunicación, las manifestaciones se están convirtiendo, para el imaginario social, como asuntos de “revoltosos”, “quejosos” e “inconformes”, para otros tantos y no menos grave, aquellos que protestan son “violentos” y hasta “peligrosos”, es decir, etiquetas por todas partes.

Criminalizar la protesta social elimina toda posibilidad de consenso y de participación ciudadana real, además de que proyecta la imagen de un gobierno temeroso a los cuestionamientos e insensible a la inconformidad.


No podemos aspirar a ser un país con una democracia fuerte y estable, si en él, se permite que las protestas se limiten, impidan o violenten. La libertad de expresión es un pilar de la democracia, es un ejercicio que posibilita de lo político a la ciudadanía.

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