Batallas en las calles: La Criminalización de la protesta.

La iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto en materia de telecomunicaciones ha vuelto a polarizar, sacudir y atemorizar al país. Aunque para algunos es un tema escabroso y confuso, un sector de la población decidió manifestar su inconformidad en las calles; si bien es cierto que estas movilizaciones han provocado que el tema se analice mejor, también han dejado al descubierto (una vez más) que la represión y la censura han asfixiado toda posibilidad de protesta social.  

Noé Alí Sánchez Navarro / @noesanz

En México se han incrementado considerablemente las violaciones a la libertad de expresión, parece ya un tema recurrente que en cada manifestación por parte de la sociedad, nos encontremos con enfrentamientos violentos, abusos por parte de la autoridad y detenciones injustas y arbitrarias.

Ante el contexto actual, decir que la sociedad no se encuentra confusa, dividida e incluso polarizada, sería mentir. Cada una de las movilizaciones sociales de las que hemos sido testigos en los últimos dos años, representan una serie de desilusiones, miedos, inconformidades y un profundo hartazgo.

A pesar de que en nuestra ley se establece que la manifestación de las ideas no deberá ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa o que no se podrá coartar el derecho a asociarse o a reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, en las últimas protestas ciudadanas ha quedado muy claro que, las manifestaciones incomodan de sobremanera a quienes dirigen el rumbo del país.

La movilización más reciente se realizó hace algunos días, fue convocada a través de las redes sociales y buscaba expresar particularmente, el rechazo a la regulación de internet que se había establecido dentro de las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones.

A pesar de que la manifestación se realizó de manera pacífica, un grupo de personas fueron interceptadas y golpeadas por policías de la Ciudad de México, lo que dejó como resultado heridos y detenidos, la mayoría de ellos jóvenes.

Más allá de hacer un análisis sobre el contenido, las consecuencias, desventajas, o supuestos beneficios que esta reforma traería, creo que es importante detenernos en el hecho de que en México cada vez es más difícil manifestar el rechazo o la inconformidad.

Esta vez fueron pocos los afectados, pero si hacemos memoria, nos vamos a encontrar con que en los últimos años este tipo de situaciones se han venido presentando de manera constante, además de que se ha incrementado el uso de la fuerza pública, lo que ha provocado enfrentamientos cada vez más violentos entre sociedad y policías.

Desde el primero de diciembre de 2012, durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de México, quedó claro que la postura que se tendría para las manifestaciones sería responder con mano dura.

Luego, pudimos ver en los enfrentamientos entre policías y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, durante las manifestaciones contra la reforma educativa, que el diálogo sería simulado y con muchos obstáculos.

Por otro lado, se encuentran aquellas que se viven en el interior del país, mismas que reclaman justicia, mejores salarios, empleos, apoyos, entre otras exigencias; han dejado en claro que las formas no importan cuando se trata de “preservar la paz y el orden público”.

Hace algunos días, varias organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos, presentaron el informe “Control del Espacio Público", los resultados de este estudio nos avientan a una desalentadora realidad: Existen claros indicios de una política de criminalización y persecución ante la protesta social.

Según dicho informe, en los últimos años se han incrementado las violaciones al derecho a la protesta, así como también se ha atentado contra la libertad de expresión. Buscando por diversos medios criminalizar y reprimir la protesta social.

Si volteamos la mirada nos vamos a encontrar con movilizaciones y operativos policiacos impresionantes y exagerados; con un manejo mediático que lejos de informar, estigmatiza a quien protesta, y por supuesto, con un gobierno que parece, le resulta muy complicado escuchar. 

Estamos frente a los síntomas de un mal patológico que parece haber regresado, es como un cáncer que ha vuelto de golpe y sin previo aviso, el hecho de ver a policías enfrentando a la sociedad como si fueran criminales, representa un doloroso retroceso para el país.

Desgraciadamente después de cada manifestación salen a la luz los abusos, las detenciones arbitrarias, las violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. 

Además de esto, el grave problema de la criminalización de la protesta social es que esto ha generado que la sociedad también termine por criminalizar el hecho de expresarse y levantar la voz.

Con la complicidad de algunos medios de comunicación, las manifestaciones se están convirtiendo, para el imaginario social, como asuntos de “revoltosos”, “quejosos” e “inconformes”, para otros tantos y no menos grave, aquellos que protestan son “violentos” y hasta “peligrosos”, es decir, etiquetas por todas partes.

Criminalizar la protesta social elimina toda posibilidad de consenso y de participación ciudadana real, además de que proyecta la imagen de un gobierno temeroso a los cuestionamientos e insensible a la inconformidad.

No podemos aspirar a ser un país con una democracia fuerte y estable, si en él, se permite que las protestas se limiten, impidan o violenten. La libertad de expresión es un pilar de la democracia, es un ejercicio que posibilita de lo político a la ciudadanía.

La invención de culpables: Sentenciar, luego investigar

En México, hay personas que están pagando por un delito que no cometieron. Víctimas de la impunidad, la injusticia y la corrupción, pasan los mejores años de su vida en una prisión, lejos de su familia, con los sueños truncados y la esperanza hecha pedazos. 

Por Noé Alí Sánchez Navarro / @noesanz

Quizá una de las secuelas más dolorosas de la ola de violencia que el país ha vivido en los últimos años es la construcción de presuntos culpables. Aunque existen ya casos que han empezado a visibilizarse, no cuentan con la suficiente atención ni de las autoridades, ni de la misma sociedad.

El pánico de la guerra nos convirtió en una sociedad desconfiada y sumamente temerosa, ansiosa de limpiar las ciudades de criminales, y a la expectativa constante de las capturas y detenciones de quienes habían puesto al país de cabeza.

Durante la famosa “Guerra contra el Narcotráfico”, se disparó de manera alarmante el índice  de asesinatos, venta de drogas y creció el número de secuestros y extorsiones, prácticamente veíamos en cada noticiero nuevas detenciones.

Por desgracia, es bien sabido que una práctica común por parte de las autoridades es primero detener y luego investigar, debido a que se ha creado la idea de que la detención es sinónimo de resultados, y eso le da tranquilidad y seguridad a la sociedad, aunque en algunas ocasiones se atropellen los derechos de otros.

Tal vez uno de los casos más nombrados es el del profesor chiapaneco Alberto Patishtán Gómez, quien fue sentenciado a sesenta años de prisión por participar supuestamente en el asesinato de siete policías estatales. Debido a un proceso lleno de irregularidades, el profesor tuvo que pasar 13 años en prisión por un crimen que no cometió.

Como la historia de Patishtán hay muchas más, mujeres y hombres que han tenido que pasar por detenciones injustas y arbitrarias, violaciones de sus derechos, y un sinfín de irregularidades en sus procesos judiciales. Ejemplos hay muchos: Jorge Mario González García, Antonio Zúñiga, y Angelina María Méndez Vázquez.

En uno de los numerosos capítulos de la injusticia mexicana y la invención de culpables, aparece la desgracia de Angelina. Licenciada en Ciencias de la Comunicación y madre de familia, fue detenida hace dos años arbitrariamente para luego ser encarcelada por un delito que no cometió.  

Angelina fue acusada de mantener supuestos vínculos con el crimen organizado y tenencia ilícita de armas.  En una redada llevada a cabo el 18 de abril del 2012, la policía detuvo a Angelina y a 17 personas más, entre ellas, su padre, quien también tuvo que pasar casi dos años en prisión.

Aquel día, Angelina y su padre se encontraban en una propiedad que habían rentado con anterioridad, realizaban algunos trabajos en la vivienda junto con dos personas más. Ahí, llegó un grupo de policías municipales. Los agentes no dieron explicaciones entraron sin ninguna autorización en la vivienda y se los llevaron detenidos.

Angelina, su padre y sus acompañantes, fueron presentados ante los medios de comunicación junto con otro grupo de personas que habían sido capturadas en operativos similares realizados ese mismo día en la ciudad. Bajo la lógica del espectáculo mediático para presentar criminales, los supuestos responsables fueron fotografiados junto a las armas y drogas decomisadas.

Ni la falta de pruebas por parte de las autoridades, ni los testimonios obtenidos a favor de los acusados, ni las manifestaciones sociales en contra de su detención, pudieron evitar que Angelina y su padre fueran a la cárcel.

Hace algunos días, ambos fueron puestos en libertad, un juez los exoneró de toda responsabilidad y dictó sentencia absolutoria. Después de casi dos años marcados por la injusticia pudieron encontrarse de nuevo con sus familiares y amigos.

Estar en prisión debe ser una de las peores experiencias para cualquier persona, pero seguramente es más doloroso estar ahí sin ningún motivo que lo justifique, presos por el error, la corrupción, la incapacidad y la insensibilidad de otros. 

Los días de Angelina en prisión dejan al descubierto que cualquier ciudadano puede ser acusado, detenido, y hasta sentenciado por un delito que jamás cometió, incluso sin tener pruebas.

También evidencian que aún no se ha puesto fin a este tipo de injusticias, que no son casualidades ni casos aislados, sino que son reflejo de un sistema de justicia que, de manera irresponsable, primero encarcela y luego investiga.

Angelina ha vivido una de las peores injusticias: ver mancillada su dignidad y violados sus derechos con el solo fin de aparentar que la Justicia funciona. Mientras ella tendrá que empezar de nuevo,  el sistema judicial, con la mano en la cintura dice: Nos equivocamos.

“La prisión acaba, la prisión de hierro, pero continúa la prisión del sueño”.

-Silvio Rodríguez

Precariedad, Riesgo e Informalidad: Los rostros del empleo juvenil.

Todo indica que los jóvenes mexicanos no caben en la economía formal del país. La precariedad de los empleos y la informalidad, han dejado al descubierto la terrible incertidumbre en la que éstos viven, teniendo que aceptar las migajas de un modelo económico feroz y sumamente excluyente.

Por: Noé Alí Sánchez Navarro / @noesanz 

Desde hace muchos años el discurso gubernamental ha sido el mismo: habrá más y mejores empleos. Sin embargo, el día a día muestra una cosa totalmente distinta. La realidad es que para la mayoría de las familias es imposible vivir sólo con el salario de uno o dos de sus integrantes, lo que obliga, especialmente a los jóvenes, a moverse para conseguir un empleo que les permita aportar algo a su casa y, en algunos casos, seguir estudiando.

A pesar de que, según las cifras oficiales, el desempleo ha disminuido en los últimos años, ni las condiciones laborales, ni los salarios se han visto favorecidos. Por el contrario, estas condiciones de inseguridad laboral y sueldos sumamente limitados han obligado a los jóvenes a aceptar puestos y ocupaciones temporales donde, en muchas ocasiones, no existen contratos, y mucho menos prestaciones.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el 59% de aquellos que se encuentran en la llamada “edad productiva” están insertos en la informalidad, y de éstos, son los jóvenes de entre 15 y 24 años los que principalmente se encuentran bajo esta condición.

Este sector de la población se está enfrentando a un mercado que cada vez limita más las oportunidades, porque ya no se trata sólo de tener las aptitudes y conocimientos para poder aspirar a un puesto o a un trabajo estable. Las opciones se reducen y la necesidad de trabajar es apremiante.

Hoy, más que nunca, estamos siendo testigos y no sólo de la falta de oportunidades, tema que desgraciadamente sigue prevaleciendo. Ante el panorama de lo incierto, los jóvenes han terminado por enrolarse en trabajos que reúnen características fatales: precarios, riesgosos e informales.

Desde hace tiempo la principal insatisfacción o descontento estaba en aquellos jóvenes que durante años se habían esforzado por terminar sus estudios profesionales y que, al salir, se encontraban en la lamentable situación de no encontrar algún trabajo que correspondiera a su área de estudio.

Es común que nos encontremos profesionistas que tienen que trabajar como taxistas, comerciantes, despachadores o en alguna otra actividad totalmente lejana a sus intereses. Ahora presenciamos a una generación que no ha tenido más remedio que asumir y agregarse a la dinámica del mercado.

Precariedad: La asfixia a los derechos humanos y laborales

Son los espacios donde los jóvenes carecen de cualquier forma de inclusión social por medio del empleo. Se les obliga a trabajar más de la jornada establecida, no hay pago de horas extras, los salarios son ridículos, no hay ningún tipo de certeza sobre la permanencia en el empleo y las prestaciones sociales o de jubilación son impensables. 

Riesgosos: La vida de por medio

Son los trabajos que ofrecen todo a cambio de entregar la vida, de un solo golpe o poco en poco. Hasta hace algunos años, eran los empleos relacionados con la calle, pero recientemente, el narcotráfico, el crimen, la prostitución y demás acciones al margen de la ley, se han convertido en la opción.

Informales: Sin registro, sin historia

A pesar de los planes y proyectos, la informalidad se mantiene vigente. Empleos al alcance de muchos, pero que no cumplen con las formalidades legales y, por lo tanto, no representan ninguna garantía laboral.

Los jóvenes aceptan un contrato que no tiene rumbo, la falta de experiencia, y sobre todo la necesidad, los empuja al abismo del mercado dominante.

Conscientes de la dificultad que implica conseguir un empleo estable, legal y formal, la desilusión ha provocado que estemos presenciando que miles de jóvenes hayan optado por el dinero difícil, porque aunque muchos le llamen fácil, finalmente han apostado toda su vida por un ingreso.

Los jóvenes han encontrado a través de estos empleos temporales una forma de subsistir de manera permanente, aunque muchas veces caminen en lo ilícito o lo incierto: vendedores ambulantes, piratería, abrir algún negocio pequeño, y hasta algún oficio. Obviamente, sin derecho a prestaciones, y mucho menos generar antigüedad.

Esos son los rostros de los empleos a los que muchos jóvenes tienen acceso, sean muchos o pocos, las condiciones son sumamente desalentadoras, digamos que son una estaca clavada en la esperanza, y por lo tanto, en el futuro.

Es bien sabido que el crecimiento del bono demográfico traerá bajo el brazo una gran demanda laboral para los próximos años, es decir, millones de jóvenes estarán listos para ingresar al mercado laboral, pero tal vez, este mercado ya dio suficientes señales de no estar listo para recibir a las nuevas generaciones.

Para muchos. puede parecer un tema ambiguo o trillado, pero seguir dejándolo a un lado, como si no pasara nada, pensando que el propio sistema económico acomodará a los jóvenes como piezas en un engrane perfecto, es vivir en el error.  

Quizá la disminución del desempleo represente un avance, pero eso no significa que existan mejores condiciones económicas para los individuos. El gran reto no es generar muchos empleos, sino que estos dejen de estar marcados por la ferocidad y la exclusión del mercado dominante.