Es común escuchar a la clase política mostrar su preocupación por los derechos de los jóvenes, especialmente cuando hay un proceso electoral por delante. En campaña, los políticos prometen que atenderán las necesidades de los jóvenes, reconociendo la importancia que éstos tienen para el país, pero a la hora de gobernar, la preocupación queda sólo en eso, en un discurso vacío y sin acción.
Noé Alí Sánchez Navarro / @noesanz
Los últimos años han sido reflejo de que la acción política e institucionalizada está lejos de la realidad que viven los jóvenes, del cumplimiento de sus derechos, y de oportunidades reales de desarrollo. Al contrario, se han transgredido los derechos de los jóvenes con la implementación de programas sociales con una fuerte mirada “adultocéntrica” y asistencialista, además de que recientemente se han convertido en las principales presas de la inseguridad, el narcotráfico y la violencia.
En México existe una brecha que cada día se hace más grande y profunda, entre lo que es y debería de ser. Los jóvenes mexicanos son prueba de ello: se han convertido en víctimas de un sinnúmero de condiciones que han terminado por poner en peligro no sólo su futuro, sino hasta su vida.
El discurso del gobierno se ha agotado, para nadie es una sorpresa que los jóvenes hayan terminado siendo utilizados como plataforma para propuestas políticas, pero que en la ejecución de las mismas son los grandes ausentes. Tampoco representa una novedad que los mismos jóvenes se han convertido en víctimas y victimarios en la lucha contra el narcotráfico y de los carteles de la droga.
El discurso del gobierno se ha agotado, para nadie es una sorpresa que los jóvenes hayan terminado siendo utilizados como plataforma para propuestas políticas.
La situación en la que viven muchos jóvenes representa la carencia de derechos fundamentales, y esto tampoco es nuevo, históricamente la juventud mexicana se ha construido a través de la casi inexistencia del derecho a la educación, seguridad, empleo, salud y participación política.
Por ejemplo, no todos caben en el sistema escolar, los que logran terminar una carrera profesional tienen serios problemas para conseguir un empleo digno. Sin empleo no tienes acceso al sistema de salud, e históricamente las expresiones políticas de los jóvenes son seriamente cuestionadas e incluso violentadas, la represión, y el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza pública en las últimas manifestaciones sociales son sólo una muestra de esto.
Lo anterior no sólo hay que recriminárselo al Estado, aunque ciertamente es el principal responsable, en ello también tienen mucho que ver los medios de comunicación, que a través de estereotipos han proyectado a la juventud como perezosa, rebelde y violenta. Y la misma sociedad, que no ha sabido qué hacer con sus jóvenes y se ha convertido en el principal juez de sus acciones.
Es cierto que se han hecho algunos esfuerzos por garantizar los derechos de los jóvenes, pero éstos siguen siendo aislados y descontextualizados, lo anterior ha traído como resultado la desconfianza de los jóvenes en el Estado. Los jóvenes mexicanos no creen en las instancias gubernamentales, no creen en la policía, no creen en el aparato de procuración de justicia, y le aseguro que esto no es culpa de ellos.
Los hechos ocurridos en los últimos días en México, donde hemos podido ver el enfrentamiento entre policías y grupos de manifestantes, dejan en evidencia la alarmante lejanía que hay entre el sistema y los jóvenes.
Estamos siendo testigos de un Estado que condena y criminaliza la manifestación, la protesta y el desencanto social, que recrimina con rudeza el uso de la calle, espacio autentico, propio y estrechamente ligado a la juventud.
Estamos siendo testigos de la precarización de los jóvenes, que lejos de tener acceso a sus derechos, se encuentran expuestos ante la violencia, tanto del Estado como del crimen.
Y lo más alarmante, también estamos siendo testigos de la precarización de los jóvenes, que lejos de tener acceso a sus derechos, se encuentran expuestos ante la violencia, tanto del Estado como del crimen. Desde las manifestaciones del 1 de diciembre, por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente, hasta la del 2 de octubre, por la conmemoración de la matanza de Tlatelolco, la violencia se ha hecho presente.
Cierto, debe preocuparnos que durante las manifestaciones o protestas se presenten actos vandálicos por parte de los manifestantes, pero también deben despertar nuestra preocupación los excesos y abusos cometidos por parte de las autoridades en cada una de las manifestaciones. Tan sólo para la más reciente movilización, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) dispuso de más de 4.000 policías.
Los jóvenes mexicanos no ven al Estado como un defensor de sus garantías y derechos, al contrario, en él han encontrado a su peor enemigo, y eso tampoco es un hecho reciente. La indignación, la desilusión y el desencanto de los jóvenes no son sucesos nuevos ni aislados, representan las biografías e historias de miles de jóvenes.
Hechos como los ocurridos en el Bar "Heaven" en Tepito, en la discoteca "News Divine", en San Salvador Atenco, en la colonia Villas de Salvárcar y en el poblado de Loma Blanca en Ciudad Juárez, son sólo algunos de los "catalizadores" que han despertado la indignación, porque han sido sucesos donde ha quedado al descubierto la incapacidad del Estado por proteger a sus jóvenes.
México no está escuchando a sus jóvenes, les ha quitado incluso el derecho de tomar la palabra. Para entender lo que sucede actualmente con las expresiones y manifestaciones juveniles, hay que ir más allá del repudio al gobierno actual y el recuerdo del movimiento juvenil de 1968. Hoy, estamos siendo testigos de la indignación acumulada por los hijos de un país que no ha sido capaz de brindarle los derechos fundamentales a sus jóvenes.Veo con mucha tristeza como el gobierno desde sus diferentes niveles, las instituciones, los medios masivos de comunicación y hasta la misma sociedad, condenan todas las expresiones de los jóvenes por defender sus derechos; juzgan sin escuchar sus demandas y propuestas y se limitan a criminalizarlas.
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